𝓥𝓸𝓬𝓮𝓼 𝔂 𝓜𝓲𝓻𝓪𝓭𝓪𝓼 𝓭𝓮 𝓵𝓸𝓼 𝓒𝓸𝓶𝓾𝓷𝓮𝓼
𝕭𝖔𝖑𝖊𝖙𝖎𝖓 𝕯𝖎𝖌𝖎𝖙𝖆𝖑 N° 120
Enero / 24 / 2022
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Una Ley Justa y Reparadora
Ecuador es un país de enormes contradicciones. La presencia de una población mayoritariamente devota de la iglesia católica, contrasta con la violencia que en todas sus formas y manifestaciones afecta, en mayor medida, a las mujeres, niñas y personas de las diversidades sexo genéricas más vulnerables y empobrecidas del país.
La violencia sexual cometida en su contra, es una realidad más que una posibilidad por mucho que nos pese aceptarlo. La crueldad vigente que viven estos grupos de atención prioritaria, no da para sentirnos superiores y mucho menos éticos.
De acuerdo a la Fiscalia General del Estado, un promedio de 11 denuncias por el tipo penal violación son receptadas a diario.[1] Esta misma entidad ha referido que las principales víctimas de este flagelo son niñas y adolescentes menores de 14 años.[2] En un 88,6% de los casos, las agresiones fueron cometidas en sus esferas familiares y en sus entornos cercanos y en un 40% los abusadores han actuado más de una vez.
El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), ha alertado que las niñas y adolescentes con discapacidad tienen tres veces más probabilidad de ser víctimas de violencia sexual.[3] Es que el peligro siempre será mayor cuando, además, hay que hacerle frente a la inequidad y la desigualdad.
Antes de la pandemia, en promedio 13 embarazos de niñas de entre 10 y 14 años se registraban a diario, de los cuales 6 terminaban en aborto y 7 en partos con nacidos vivos.
A estas dolorosas cifras se sumaban los 182 nacimientos diarios de madres (sí, así se las puede llamar) de entre 15 a 19 años. Según señala el UNFPA, esto implica que la probabilidad de que las mujeres atraviesen un aborto, es mayor sí son menores de 15 años. Tras el confinamiento, aún no sabemos qué rasgones humanos ha dejado en las niñas, adolescentes y mujeres esta crisis atípica, lo que sí conocemos es que el término “a merced de” ha tomado una dimensión sobrecogedora.
Y son 20 de estas niñas, las que en los últimos trece años han muerto por causas asociadas al embarazo, parto y puerperio. Sumadas a 304 adolescentes entre 15 y 19 años que, en el mismo plazo, corrieron la misma suerte. El 13% de las muertes maternas al año, corresponde a niñas y adolescentes.[4]
Amarga e indisputablemente, el aborto por violación es una causal de niñas. Pero estas niñas no son frías cifras, son vidas, seres humanos, que al igual que muchas mujeres y personas con posibilidad de gestar, han vivido experiencias inenarrables de abuso sexual, de incesto de violación, de embarazos no deseados y maternidades forzadas. Y a quienes se les ha negado la mínima decencia humana, al imponerles una sola trayectoria -parir de sus violadores- así sea a costa de su propia integridad, su propia vida o su cordura. Sin duda, una forma de tortura.
En abril del 2021, la Corte Constitucional del Ecuador, declaró que la frase “en una mujer que padezca discapacidad mental”[5] era inconstitucional, permitiendo así que el acceso al aborto sea para todas las mujeres embarazadas producto de violación y no solamente para mujeres con esta discapacidad
La Defensoria del Pueblo, cumpliendo con el mandato de la Corte Constitucional, entregó el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, el 28 de junio de 2021. El documento contó con los valiosos aportes de organizaciones de mujeres, colectivas feministas y de las diversidades sexo genéricas. En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional se analizó y debatió el proyecto de Ley Órganica de Interrupción Voluntaria del Embarazo producto de Violación.
No obstante, han sido tres los nudos “críticos” que han causado polémica tanto al interior de la Asamblea como fuera de esta y que han hecho que la comisión, no aguante la presión social y política, y termine reconsiderando sus acertadas decisiones, sobre todo en cuanto a la temporalidad se refiere. Estos nudos son: a) la objeción de conciencia, b) los requisitos para el acceso al aborto por violación, y; c) los plazos para la interrupción del embarazo.
La comisión entendió que la objeción de conciencia es un derecho personalísimo, no colectivo y que en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, los límites deben ser mayores por cuanto los profesionales a cargo tienen un plus de responsabilidad, la salud y vida de terceros; en cuanto a la denuncia, a efectos de eliminar barreras de acceso, serán los servicios de salud y no las víctimas, los encargados de remitir la información pertinente a la Fiscalía General del Estado. Como vemos no se dejará en la impunidad a los agresores, todo lo contrario, a través de esta coordinación interinstitucional se está garantizado que estos delitos sean debidamente investigados y sancionados. Los plazos, en cambio, sí fueron modificados.
La temporalidad y el hecho de que los derechos de mujeres y niñas podrían estar siendo utilizados como moneda de cambio de compromisos políticos y como parte de acuerdos programáticos de grupos antiderechos, que tienen resonancia en el Gobierno, han puesto en peligro el proyecto y los avances en él contenidos.
La comisión aprobó el informe para segundo debate, el pasado domingo 16 de enero. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ha convocado a debatir el proyecto, el próximo jueves 25 de enero, a las 9h00.
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Nuestros Proyectos de Vida
El 28 de abril de 2021, cuando la Corte Constitucional del Ecuador resolvió declarar la inconstitucionalidad por el fondo, del artículo 150 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal en la frase “en una mujer que padezca de discapacidad mental”, me encontraba a las afueras del edificio, en compañía de activistas, sobrevivientes, mujeres valientes. ¡Ganamos!, gritaron. Se dio el primer paso, pero las cosas para nosotras jamás han sido fáciles.
Tan solo durante el 2020, 1.631 niñas de entre 10 y 14 años y 43.260 niñas entre los 15 y 19 años, dieron a luz en nuestro país.
La sentencia recoge más datos: 3 de cada 4 mujeres atravesaron al menos un aborto inseguro durante su vida; el 15.6% de muertes maternas corresponden a abortos clandestinos; 1 de cada 4 mujeres hemos sufrido violencia sexual durante nuestra vida; diariamente hay 42 denuncias por violencia sexual; el 65% de los casos son cometidos por familiares y personas cercanas a la víctima, de los familiares que abusaron, casi el 40% lo hizo varias veces a la misma víctima, y el 14% lo hizo de manera sistemática.
Hay un promedio de 10 violaciones por día; según la Fiscalía General del Estado, las niñas y adolescentes menores de 14 años son las principales víctimas de abuso sexual.
De acuerdo a los datos presentados por ONU Mujeres en 2020, el 49.3% de los nacimientos en Ecuador corresponden a madres adolescentes. Según el Ministerio de Salud Pública, nuestro país es el tercero a nivel de la región con la tasa más alta de embarazo en adolescentes. Lo peor es que esto es solo una parte del problema.
Detrás de cada historia de un embazo adolescente o de una niña forzada a parir, hay una realidad lacerante y monstruosa que no se limita a su espacio personal. El abandono, indefensión, exclusión, discriminación, necesidades económicas, desigualdad, falta de oportunidades, machismo y misoginia, hacen parte del marco donde nos vemos obligadas a sobrevivir. A veces los números nos hacen perder la sensibilidad y olvidar que esas cifras son niñas, mujeres, personas de la diversidad sexo genérica que se ven enfrentadas a realidades que superan la imaginación.
Crecer en este país es violento. La violencia es estructural y produce daño a las necesidades humanas básicas como la supervivencia, la libertad, el bienestar, la identidad y mantiene a la sociedad dividida entre los grupos privilegiados y los vulnerados en razón de la clase, raza o del género.
La maternidad forzada nos deshumaniza, no es la forma en la que se debe garantizar la vida, ni de salvarla. Desde la perspectiva de la salud pública, se debe optar por el medio que menos daño produzca. El aborto por violación en condiciones dignas es uno de es uno de esos medios. No se protege la vida empujando a las mujeres, niñas y personas en posibilidad de gestar a la clandestinidad, sino a través del diseño de políticas públicas apropiadas, eficaces e integrales para prevenir violencias, garantizar el acceso a la información en materia de planificación familiar, la educación sexual integral basada en derechos y evidencia científica (no en miedos y culpas).
A través del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la aplicación de planes y estrategias de acción nacional, la promulgación de leyes que prohíban violencia de género, adopción de medidas para prevenir abortos en condiciones de riesgo, la prestación de asistencia y ayuda psicológica después de acceder al aborto, acceso a medicamentos, equipos y tecnologías para la salud sexual y reproductiva, mecanismos de tutela efectiva de derechos.
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México, Chile y la esperanza en Brasil cambian el escenario: nuevos aires en Latinoamérica
El anuncio del gabinete de Boric incluyó algunas figuras de fuerte contenido simbólico, como la nueva ministra de Defensa, la nieta de Salvador Allende, o los compañeros de Boric en las luchas estudiantiles del 2011, como la ministra vocera, Camila Vallejos, o la ministra del Interior y virtual vicepresidenta, Izquia Siches, quien hasta hace poco era la presidenta del Colegio Médico. Camila es dirigente del Partido Comunista, en tanto que Siches fue militante de ese partido y luego se alejó.
El panorama regional tiende a cambiar de color, desplazando a una derecha que parecía que había llegado para quedarse. A los gobiernos de Argentina, Chile, México, Perú, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Honduras, se les sumaría en octubre el Brasil de Lula. Y hasta el centroizquierdista Gustavo Petro podría ganar las elecciones de 2022 en Colombia.
La negociación argentina con el Fondo llegó a un punto donde tiene que dar un salto y convertirse en una cuestión de interés internacional. El debate sobrepasa las conversaciones del ministro Martín Guzmán con los técnicos del Fondo. Está en cuestión si la función del dinero público que administran los gobiernos es atender las necesidades políticas de los gobiernos de derecha.
El Fondo Monetario Internacional maneja fondos públicos. Si el gobierno denunció en la negociación que el crédito transgredió las reglamentaciones argentinas y del Fondo, está obligado a hacer una presentación ante la Justicia contra el cuestionado expresidente neoliberal Mauricio Macri. Y si el Fondo reconoce –como ya lo hizo– que el crédito fue un “error” y que “no se tomaron todos los recaudos”, tendrían que denunciar ante la justicia al expresidente Donald Trump y al representante norteamericano en el FMI de ese entonces, David Lipton, por “malversación de fondos públicos”.
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Perversa narrativa israelí del crimen de anciano palestino
Jerusalén ocupada
El ejército de ocupación israelí presentó un relato del crimen del martirio del anciano palestino Omar Asaad (80 años) el día doce de este mes, cerca del pueblo de Jaljilia, al norte de Ramallah, alegando que sus soldados que lo detuvieron a altas horas de la noche , cuando regresaba a su domicilio, “no lo agredieron”. No lo golpearon ni abusaron de él”.
Según el relato del ejército de ocupación, que se publicó hoy, domingo en el periódico "Yediot Aharonot", soldados del ejército de ocupación detuvieron al mártir Asaad, mientras conducía solo su automóvil, regresando a su casa, durante una emboscada. por unidades del ejército durante la noche en las carreteras principales y secundarias de la Cisjordania ocupada, para arrestarlos. Son sospechosos de llevar a cabo operaciones y actividades de seguridad contra la ocupación israelí.
Según la afirmación del ejército de ocupación, los soldados, después de registrar al mártir palestino, afirmaron que no llevaba consigo ninguna tarjeta de identificación, por lo que le esposaron y vendaron los ojos, y le amordazaron la boca para que sus gritos no revelaran su ubicación. .
El relato de la ocupación agrega que los soldados trasladaron al mártir a una casa abandonada cerca de su emboscada, y lo dejaron atado a una silla, junto con otros detenidos que fueron detenidos en el puesto de control. La ocupación aseguró que los llevaron a la casa abandonada para no detectar la emboscada.
Según lo anunciado por el ejército de ocupación, los soldados que arrestaron al mártir Omar Asaad afirmaron que les parecía veinte años menor que su edad real, y después de esposarlo y atarlo a la silla, pensaron que estaba durmiendo. y no detectaron que padeciera asfixia ni problemas de salud, por lo que lo dejaron en la silla. No lo "despertaron", mientras liberaban al resto de los detenidos esa noche.
El anciano palestino fue dejado en la casa abandonada, para ser martirizado en la silla, con los ojos vendados, esposado y amordazado en la boca.
El primo del mártir, Abdel Ilah Asaad, comentó lo publicado por el diario israelí, y dijo en una entrevista con Al-Araby Al-Jadeed que se trataba de “un informe falso que solo pretende reivindicar la ocupación israelí y sus soldados. ”, destacando que los testigos que fueron detenidos junto a Asaad confirmaron que lo vieron acostado boca abajo, su rostro está en el piso, no en una silla.
Asaad continuó: "Fui a la clínica donde murió mi primo. Los que estaban con él me dijeron que fueron arrestados después del incidente de su arresto, y confirmaron que estaba tirado en el suelo, y después de que el soldado descubrió su muerte, desató sus esposas y el ejército de ocupación se retiró inmediatamente de la ciudad".
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Guantánamo: La cárcel más infame del mundo
No es populista ni infundada la calificación. Se la ha ganado en franca lid en un mundo donde a través de las grandes productoras de televisión nos hemos podido enterar casi en vivo y en directo de la abisal crueldad a la que puede llegar el ser humano. Son esos documentales -verdaderos “realitys”, sobre las prisiones más tenebrosas del mundo. Claro que hay que reconocerlo, en ellos nunca ha aparecido Guantánamo. Pero es que en Guantánamo no se pueden hacer documentales, ni entrevistas, ni filmaciones. Pero sí: tiene bien ganado el título, uno que deshonra a la nación que hace méritos para ello. Como lo afirmó Stephanie Savell, codirectora del Costs of War Project una investigación de la Universidad de Brown que suministró insumos a la ONG de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) para el Informe que hizo sobre el aberrante historial -prontuario- de esa prisión en sus veinte años de existencia: “Es un fracaso moral de proporciones épicas, una mancha en el historial de derechos humanos del país, un error estratégico y una horrenda perpetuación de la islamofobia y el racismo”.
Guantánamo es una Base Naval instalada por los Estados Unidos en la bahía del mismo nombre en territorio indiscutidamente cubano en el marco de la invasión a este país -¿nos son familiares estas palabras?- con ocasión de la guerra que sostenía con España entonces potencia imperial, en 1898. Independizada Cuba de España en 1902, la base siguió allí invocando ahora la Enmienda Platt. Pero siendo insostenible esta razón, Estados Unidos nueva potencia imperial y militar, presionó en 1904 a la naciente república a firmar un contrato de arriendo “a perpetuidad” de la base, cosa que repugna cualquier criterio y precepto jurídico, y que Cuba con razón rechaza. Tal es la base de la “legitimidad” de la ocupación norteamericana de ese territorio cubano.
Y con motivo de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y la histérica e histriónica “guerra contra el terrorismo” declarada por el presidente norteamericano George W. Bush, el 11 de enero de 2002 convirtió la Base Naval en prisión militar de alta seguridad, entronizándola como símbolo de esa guerra que como todas las declaradas y llevadas a cabo por esa metrópoli, prometía ganarían. Entre otras, por una demoledora razón: “porque Dios está con nosotros”. ¡Vaya pelea tan desigual! De ello se están cumpliendo veinte años en estos días.
El propósito específico de establecer esa prisión era recluir allí a todo sospechoso de ser Yihadista, militante de Al Qaeda, o Talibán. Ello, ajeno a cualquier prueba o procedimiento judicial, a todo el que por su religión -sobre todo esto-, aunado a su nacionalidad y convicciones ideológicas, se le pudiera endilgar algún tipo de responsabilidad así sea sólo moral por el 11 de septiembre. Y es que Bush lo dijo claramente ante el mundo: “En esta guerra, el que no está con nosotros, está contra nosotros”. Tal el lenguaje despótico de los imperios.
Y había que ver cómo los Estados que giraban en su órbita, entre más clientelares, más salieron alborozados a apoyar esas palabras. Consecuencia de esta decisión, 800 personas han pasado por allí. Todos fatalmente musulmanes, lo que evidencia un caso escandaloso de islamofobia que no ha merecido reproche de ninguno de los organismos internacionales cuyo mandato primero es combatir el racismo y el odio por razones culturales o religiosas. Y casi todos esos presos, naturales de países invadidos o a lo menos bombardeados por los Estados Unidos: Afganistán, Irak, Siria y Yemen. Y pakistaníes. Pero el problema, y el oprobio -la prisión más infame del mudo recordemos-, no es por el hecho de que una base militar se haya convertido en cárcel. Ni porque ella se destine a recluir terroristas.
La mancilla de Guantánamo comienza con el hecho de que las capturas -ilegales bajo cualquier parámetro jurídico universal, en realidad secuestros- se hacen por fuera de cualquier procedimiento judicial o investigación policial autorizada. Son cacerías a instancia de particulares y mercenarios que atendían la oferta del gobierno norteamericano de pagar cinco mil dólares por cada “terrorista” entregado.
Y claro, voluntarios para ganarse esa alta suma en países sumidos en el hambre y la miseria por cuenta de la guerra que los mismos Estados Unidos les hacían -Irak, Siria, Libia, Afganistán-, sobraban. Bastaba señalarle el escogido -enemigo político, personal o rival de clan, qué mejor oportunidad- al ejército ocupante o a sus lacayos nacionales. Y cuándo la víctima reparaba en su situación, ya estaba en Guantánamo graduado de terrorista y responsable de los ataques del 11- S.
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Siete estrategias para combatir las falsas dicotomías y teorías conspirativas durante la pandemia
Se trata de grandes desafíos en la comunicación y respuesta a una pandemia, porque tienen que ver con la interpretación de los datos, los argumentos y las decisiones.
El resultado es un desafío importante en la comunicación y respuesta a la covid-19 (Figura 1)
El problema de las falsas dicotomias
Una falacia lógicamente observada en la pandemia es la llamada “falsa dicotomía” , “falso dilema” o “falacia de blancos y negros”. Se trata de la presentación de un hecho en forma de dos opciones estrictamente exclusivas. En otras palabras, es la representación binaria, polarizada, reduccionista y simplista de una situación.
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Dick Richard Sellán Bajaña @sociolaboral
Periodismo Colaborativo y Crítico de Fuentes Alternativas a la Desinformación Mediática
Guayaquil - Ecuador - América del Sur
2022
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