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𝕭𝖔𝖑𝖊𝖙𝖎𝖓 𝕯𝖎𝖌𝖎𝖙𝖆𝖑 N° 125
Enero / 31 / 2022
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Banco del Pacífico, una campaña de destrucción programada
enero 18, 2022
Las privatizaciones son factor común del gobierno de la banca. En los últimos quince años, las élites subastaron bienes públicos a través de operaciones financieras fraudulentas.
Durante el mandato del ex presidente Rafael Correa, el ingenio azucarero y la cementera Guapán, localizados en la provincia del Cañar, fueron vendidos al Grupo Gloria por debajo del costo real de su patrimonio; incluso la Corporación Financiera Nacional, entonces gerenciada por Camilo Samán, le prestó plata a la multinacional para que comprara estas rentables empresas que pertenecían al Estado.
El preámbulo del actual interés de privatizar el Banco del Pacífico es obra del correísmo. En el año 2016 planteó su venta, esa propuesta fue secundada por Lenín Moreno y ahora Lasso quiere ejecutarla.
En esa ruta, el gobierno busca desvalorizar el Banco del Pacífico, deshuesarlo, para que banqueros privados lo compren a precio de gallina enferma. Tal es la coincidencia que mientras las utilidades de todo el sistema financiero crecieron en un 65%, el banco en cuestión reportó que sus ganancias se redujeron el año anterior de 80 a tan sólo 5 millones y desde el inicio del mandato de Lasso tuvo pérdidas de 12 millones de dólares.
Esas maniobras revelan que existe una campaña de destrucción programada de lo público y un afán de posicionar la idea de ineficiencia de la administración estatal; por si fuera poco, el Estado adelanta el trabajo sucio de los inversores al cerrar casi una veintena de agencias del banco en el país y despedir al 30% del personal en nombre de la reducción de costos operativos.
Es evidente el conflicto de intereses, el gobierno protege a buitres que están acechando a la más grande institución financiera estatal. Esos carroñeros buscan ser favorecidos en la venta de un banco premeditadamente desmantelado y de yapa comprometieron que su identidad sea reservada por los próximos quince años.
El Banco del Pacífico es rentable, deshacerse de él es un mal negocio. Hacerlo es consolidar el oligopolio y evitar que el Estado tenga una posición relevante para definir las tasas de interés activas y pasivas.
Si a Lasso le estorba la banca pública debería entregarla al IESS, como abono de la deuda que el gobierno tiene con la institución. Así se podría expandir y abaratar el crédito en beneficio de los afiliados y pensionistas, además de regular por competencia al sistema financiero.
Es evidente el conflicto de intereses, el gobierno protege a buitres que están acechando a la más grande institución financiera estatal. Esos carroñeros buscan ser favorecidos en la venta de un banco premeditadamente desmantelado y de yapa comprometieron que su identidad sea reservada por los próximos quince años.
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Pressenza y los pueblos indígenas
Según últimos datos de la ONU, hay en el mundo 476 millones de indígenas, en 90 países de los 5 continentes. Aunque son pueblos muy diversos, vamos a destacar algunos puntos comunes que nos parecen importantes.
El primero es su misma existencia, su resistencia. Porque a pesar de la crueldad y el ensañamiento con que fueron conquistados, han sido capaces de sobrevivir y sostener sus culturas. En ese proceso muchos pueblos desaparecieron, pero muchos otros sobrevivieron y hoy se organizan y luchan por ejercer sus derechos.
El de los derechos es justamente otro punto común, porque existen instrumentos internacionales sobre el tema. Destacan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. Esos acuerdos no han sido ratificados por muchos países y en otros casos son frecuentemente violados, pero constituyen una base de apoyo importante para seguir avanzando.
Pero probablemente la coincidencia más importante, es la lucha de estos pueblos por preservar y recuperar sus territorios. Esto deriva en graves conflictos porque en esos territorios se asientan las mayores reservas de recursos naturales del planeta, y eso motiva todo tipo de violencia.
Antes de continuar, queremos destacar que en esto se confrontan dos cosmovisiones, dos modos de ver la vida y emplazarse en el mundo. Para el pueblo indígena el territorio no es un bien inmueble de más o menos valor: es el espacio en el que crece, en el que convive con otras formas de vida, en el que configura su espiritualidad en relación con el medio natural, con la tierra, el río, la selva… Es el lugar donde se constituye y constituye su cultura. El indígena respeta y defiende ese necesario espacio vital.
Del otro lado, desde la cultura dominante, esos territorios son simples reservorios de recursos económicos a explotar: minas, agua, petróleo, terrenos para el monocultivo, la especulación inmobiliaria y el turismo.
Entre ambas concepciones se entabla una lucha muy desigual: por un lado, estos pueblos con sus escasos recursos; por otro lado, todo el poder de las grandes corporaciones extractivistas, el agronegocio, y los estados que los defienden, por incapacidad o conveniencia. Se trata de una política global depredadora, que se apoya en bandas armadas del sector privado y fuerzas de seguridad estatales.
En menor escala pero con la misma lógica, en muchos lugares se repiten los conflictos con particulares, aliados con políticos y policías locales. De todo esto derivan la persecución y el asesinato de líderes y lideresas indígenas y de quienes los apoyan, así como los millones de hectáreas desmontados, los ríos y terrenos contaminados, los incendios forestales, etc.
En este sentido, y en el contexto de la crisis climática, los pueblos indígenas cumplen un valioso papel porque al defender sus territorios defienden también el equilibrio ambiental y con eso, la vida de todos.
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Democratizar la comunicación y la tecnología digital
La pandemia mundial profundizó las condiciones de precariedad de las mayorías generadas por la financiarización capitalista y mostró las carencias y desigualdades producidas por el orden neoliberal, atenuadas en algunos lugares por sistemas sociales de contención de carácter progresista o revolucionario.
La emergencia sanitaria creó además condiciones para un aumento radical del uso de las tecnologías digitales, lo que multiplicó las ganancias y el poderío de las corporaciones que controlan las principales plataformas que intermedian las relaciones y búsquedas en internet. Con ello, casi imperceptiblemente, se acelera la transición a nuevas formas de vida, trabajo, educación, salud, cultura, intermediadas por las tecnologías digitales y caracterizadas por la privatización del espacio público y hasta la vida íntima.
Las nuevas tecnologías junto a la innovación “verde” son abrazadas a su vez por los fondos de inversión y el capital en general como vía de reconversión del capitalismo, cuya responsabilidad en el dramático deterioro medioambiental es a todas claras manifiesto, colocando en severo entredicho al expolio de recursos naturales finitos.
En el marco del plan conocido como “Great Reset”, promovido por el Foro Económico Mundial, hay un proyecto en marcha para potenciar este recambio que contempla, entre otros, un modelo de gobierno mundial tecnocrático dominado por las grandes empresas de la mano con la inteligencia artificial, que supuestamente encontrará soluciones al cambio climático y suplirá a las “deficiencias” del sistema democrático.
La fundamental importancia de la disputa de relatos es manifiesta, por lo que la democratización del espectro comunicacional, incluyendo los espacios digitales, continúa siendo prioritaria para el avance de las aspiraciones de los pueblos. Es preciso prestar máxima atención a las agendas informativas, de dónde surgen y quienes las promueven.
En el campo de los medios, el irrespeto o cancelación de normas legales logradas en ardua lucha por la comunicación popular, la desfinanciación o eliminación neoliberal de medios públicos, la inequitativa distribución de pauta estatal a favor de los medios hiperconcentrados, su progresiva transnacionalización junto a la monolítica cartelización de discursos estigmatizantes contra las alternativas revolucionarias o progresistas afectan la posibilidad de imprescindibles transformaciones que garanticen diversidad informativa y un balance equilibrado en la opinión
La incidencia de la tecnología digital en casi todos los aspectos de la actividad social y la apropiación monopólica de las lógicas y entornos digitales por parte del capital, hacen imprescindible la disputa del campo popular por su re-democratización.
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Jóvenes innovadores desarrollan el primer ventilador pulmonar cubano de altas prestaciones
La pandemia de coronavirus se convirtió en un gran desafío para los sistemas de salud de todos los países. En estas condiciones, las naciones empezaron a buscar su camino para aliviar la carga y así en Cuba apareció el proyecto Combiovent, en el que un grupo de jóvenes desarrolló el primer ventilador pulmonar de altas prestaciones del país.
El líder del proyecto, Alejandro César González, relató a RT que, cuando comenzó la pandemia, Cuba hizo mucho trabajo para importar los respiradores y las piezas para reparar los que tenía. En ese contexto, surgió la necesidad de desarrollar un ventilador pulmonar cubano que "pudiera satisfacer las necesidades" del sistema de salud del país, así como lograr la independencia de Cuba del mundo en este ámbito.
Señaló que los especialistas del proyecto planean continuar su trabajo en ese campo y, entre otros, quieren desarrollar el equipo para la ventilación en el transporte.
Mientras que un respirador puede costar hasta 60.000 dólares en el mercado internacional, el desarrollo de su propio equipo significa que el país podrá ahorrar en estos gastos, logrando, de paso, una soberanía tecnológica.
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Un olivo en mi jardín es mejor que cualquier cosa material en el mundo entero.
Estas tristes palabras fueron pronunciadas por Mahmoud Salhiya después de que su casa en Sheikh Jarrah fuera demolida recientemente por las fuerzas israelíes .
Las demoliciones de viviendas se han convertido en algo demasiado habitual. Según un informe de B'tselem (el centro de información israelí sobre derechos humanos en los territorios ocupados) entre 2006 y noviembre de 2021, las autoridades israelíes demolieron al menos 1.176 viviendas palestinas en Jerusalén Este. Al menos 3.769 personas perdieron sus hogares, incluidos 1.996 niños.
La demolición de viviendas sirve al intento de Israel de controlar el “ equilibrio demográfico ” de la ciudad, manteniendo a la mayoría judía dentro del territorio municipal de Jerusalén en la proporción de 70:30 que ha impulsado la política israelí desde 1967.
Geopolítica urbana emergente
El caso de la familia Salhiya debe entenderse dentro de un contexto más amplio de los procesos políticos que tienen lugar en Jerusalén desde junio de 1967 y la declaración de la ciudad como capital unificada de Israel. La expropiación de tierras palestinas por parte del estado a través de medidas legales fue fundamental para la colonización de Jerusalén Este en esta etapa.
La planificación contribuyó aún más a la colonización de la ciudad y se caracterizó por la construcción de asentamientos ("barrios satélite"). Desde 1967, Israel ha expropiado más de un tercio de la tierra palestina que se anexó a los nuevos límites del municipio de Jerusalén (24,5 kilómetros cuadrados), la mayor parte de propiedad privada de palestinos. Se han erigido unos 11 barrios solo para habitantes judíos.
Según el derecho internacional, el estatus de estos barrios es el mismo que el de los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania. Como paso complementario, se diseñaron una serie de planes maestros que han limitado efectivamente el crecimiento de los barrios palestinos al limitar los derechos de construcción y definir la mayoría de las tierras palestinas como no aptas para la construcción de viviendas.
El comienzo del siglo XXI marcó un cambio hacia una política más radical en Jerusalén con la construcción de la barrera de separación . Esto ha permitido a Israel anexar de facto otros 160 kilómetros cuadrados de los Territorios Ocupados.
La ruta de la barrera crea una fuerte división entre la ciudad amurallada de Jerusalén y el interior palestino. La barrera de hormigón interrumpe deliberadamente la integración funcional de los barrios palestinos y los aísla de su interior en Cisjordania.
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Colombia, Haití y Honduras son focos de hambre en América Latina, según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas
Colombia -incluida la fuerte migración desde la vecina Venezuela-, Haití y Honduras son los tres países latinoamericanos donde la situación de inseguridad alimentaria aguda se agravará entre febrero y mayo de este año, indicó un reporte divulgado este 28 de enero por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
El impacto económico de la pandemia Covid-19, la inestabilidad política y social, la crisis migratoria y de desplazados, la inseguridad y la falta de lluvias abonan la inseguridad alimentaria en esos países, según el informe “Focos del Hambre”.
El PMA indicó que en todo el mundo hay al menos 43 millones de personas que requieren alimentos de manera urgente, en 20 focos de hambre aguda que cubren 24 países, de los cuales 16 son de África al sur del Sahara y casi todos asaeteados por cruentos conflictos armados.
Cinco de los focos están en Asia: Afganistán, Líbano –que ha recibido centenares de miles de refugiados sirios-, Myanmar, Siria y Yemen, y los tres restantes en América Latina y el Caribe.
En una escala de uno a cinco, entre alimentación suficiente y situación de hambruna, los países con mayor cantidad de personas en las graves posiciones de tres a cinco son la República Democrática del Congo (25,9 millones), Afganistán (22,8), Nigeria (18), Etiopía (16,8) y Yemen (16,1 millones).
En Haití están en esa condición 4,5 millones de personas, y en Honduras 3,3 millones.
En Colombia se estima que cerca de 7,3 millones de personas (en una población de 50 millones) sufren algún grado de inseguridad alimentaria y necesitan asistencia. Esa cifra incluye 1,1 millones de los 1,8 millones de migrantes llegados de la vecina Venezuela en los últimos siete años.
Altos porcentajes de la población migrante venezolana en Perú y Ecuador también están en situación de inseguridad alimentaria, acotó el informe del PMA, y se aúnan las personas en tránsito de América del Sur y el Caribe hacia el norte del continente.
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Dick Richard Sellán Bajaña @sociolaboral
Periodismo Colaborativo y Crítico de Fuentes Alternativas a la Desinformación Mediática
Guayaquil - Ecuador - América del Sur
2022
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