𝓥𝓸𝓬𝓮𝓼 𝔂 𝓜𝓲𝓻𝓪𝓭𝓪𝓼 𝓭𝓮 𝓵𝓸𝓼 𝓒𝓸𝓶𝓾𝓷𝓮𝓼
𝕭𝖔𝖑𝖊𝖙𝖎𝖓 𝕯𝖎𝖌𝖎𝖙𝖆𝖑 N° 129
Febrero / 9 / 2022
Lunes - Miércoles - Viernes
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Neoliberales y también ‘anarquistas’
El sistema capitalista, que se inició a mediados del siglo XVIII con la primera revolución industrial y se generalizó durante el siglo XIX en los países europeos y en los EE.UU., estableció condiciones opresivas de trabajo y vida para los trabajadores asalariados, al mismo tiempo que concentró la riqueza y el poder en las burguesías propietarias de los medios de producción. En tales circunstancias aparecieron diversas corrientes de pensamiento vinculadas a los intereses de las clases trabajadoras, que pretendían solucionar su situación y edificar una nueva sociedad. El anarquismo, los socialismos utópicos y el socialismo científico fueron las concepciones de mayor influencia y acción entre los obreros.
El anarquismo fue necesariamente anticapitalista. William Godwin (1756-1836) planteó tempranamente eliminar el Estado por sujetarse a los intereses de la clase dominante. Para Charles Fourier (1772-1837), el Estado defiende los intereses de los capitalistas y buscó en los “falansterios” una vida comunitaria, libre y con equidad. Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), denunció que la propiedad privada era un robo a la sociedad. El pensamiento compartido con Mijail Bakunin (1814-1876), Piotr Kropotkin (1842-1921), Errico Malatesta (1853-1932) y tantos otros fundadores del anarquismo, se dirigió, en esencia, a defender la libertad contra todo tipo de poder, soñaron con una sociedad de iguales, condenaron la explotación a los trabajadores. Por eso el anarquismo se extendió en diversos países, adquiriendo particular fuerza en Alemania, Italia, Francia, Rusia y de modo especial en España, donde fue uno de los soportes de la república, hasta que el fin de la guerra civil (1939) y la instauración del franquismo, acabó con su influencia. En los EE.UU. fueron anarquistas los promotores de las movilizaciones de Chicago (1886), que reivindicaron la jornada de 8 horas. Sus líderes fueron juzgados y varios recibieron la pena de muerte. En recuerdo a esa lucha se celebra internacionalmente el 1 de mayo como Día del Trabajo.
En América Latina el anarquismo de origen europeo fue cultivado desde inicios del siglo XX. Sus seguidores se unieron a las luchas de los trabajadores. Logró fuerza en Argentina (se creó la Federación Obrera Regional Argentina), Brasil, Chile, Cuba, México (destacaron los hermanos Flores Magón), Uruguay e incluso Ecuador, donde la Federación Regional de Trabajadores (FTRE) dirigió la huelga que terminó en la masacre obrera del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil. Cabe destacar el estudio El anarquismo en el Ecuador (1986), de Alexei Páez, que todavía es la única obra que ha tratado el tema. Sin embargo, el anarquismo latinoamericano perdió fuerza con el desarrollo de los partidos marxistas.
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Resumen de homicidios de 2021 de InSight Crime
América Latina y El Carbe
En 2021, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe experimentaron un marcado aumento de asesinatos. Era de esperar un resurgimiento de la violencia después de que se levantaran algunos de los bloqueos de COVID-19 más largos del mundo .
Gran parte de la población se encontró hundiéndose cada vez más en la pobreza . Con la reapertura tardía de las escuelas , los adolescentes regresaron a las calles con poco que hacer, lo que los convirtió en objetivos principales para el reclutamiento.
La pandemia también dificultó la aplicación de la ley. La policía estaba al límite , ya que los agentes enfermaban o eran necesarios para otras funciones.
Mientras tanto, los grupos del crimen organizado encontraron nuevas oportunidades en un mundo reemergente. A medida que aumentaba el tráfico de cocaína , las pandillas mataban por sus rincones del comercio.
Ecuador, ubicado entre dos países productores de cocaína y sede de un puerto importante para el contrabando de drogas a Europa, vio casi el doble de asesinatos y los disturbios de pandillas en prisión más mortíferos de su historia. En Costa Rica, los asesinatos se dispararon en provincias críticas para el contrabando de cocaína. Los asesinatos por sicarios aumentaron en Paraguay y Perú.
A pesar de una ligera reducción en los asesinatos, México se vio envuelto en la espeluznante violencia de los cárteles, mientras grupos parecidos a pequeños ejércitos luchaban por el territorio. A lo largo de la frontera sin ley entre Colombia y Venezuela, actores armados de todo tipo lucharon , dejando decenas de muertos y miles de desplazados.
Las fuerzas de seguridad de Venezuela fueron acusadas de matar a ciudadanos en todas partes, desde Caracas hasta pueblos rurales remotos . Los países del triángulo norte de El Salvador, Guatemala y Honduras siguieron siendo algunos de los más mortíferos de la región.
Jamaica fue sacudida por una violencia tan brutal que el primer ministro del país pareció no saber qué hacer. Y Haití, incluso antes del asesinato de su presidente en julio , cayó en la agitación , sufriendo su peor año de violencia en una década.
Mientras tanto, se alegaba que los países que suelen tener las tasas de homicidios más bajas, como Argentina , Chile y Uruguay , estaban minimizando la violencia en 2021, con cifras oficiales difíciles de interpretar.
En su resumen anual de homicidios, InSight Crime informa sobre las tasas de homicidios país por país de la región y sobre los factores que impulsan el derramamiento de sangre.
*Ecuador: 14 por 100.000
Las estadísticas siguen siendo impactantes. Ecuador vio 2.464 asesinatos en 2021, casi el doble de los 1.362 vistos en 2020, según la policía nacional. Ningún otro país de América Latina y el Caribe estuvo cerca de ver tal aumento. Ecuador cerró el año con una tasa de homicidios de 14 por 100.000, la más alta en una década .
La crisis solo se intensificó en 2022, con muchos más crímenes violentos reportados en enero de 2022 que en 2021, incluida la ejecución de un presunto narcotraficante albanés.
Venezuela: 40,9 por 100.000
Aunque los homicidios cayeron un seis por ciento en Venezuela, el país siguió siendo uno de los más mortíferos de la región.
Según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el país registró 11.081 muertes violentas en 2021, 810 menos que en 2020. La tasa de homicidios fue de 40,9 por cada 100.000 habitantes, según la organización no gubernamental , que incluyó homicidios, asesinatos a manos de autoridades, muertes bajo investigación y desapariciones en su cuenta. Sin desapariciones, la tasa de homicidios del país cae a 33 por 100.000.
Los delincuentes mataron a 3112 personas en 2021, o alrededor de nueve por día. Otras formas de delitos violentos, incluidos los robos y robos de vehículos, aumentaron en más del 10 por ciento. El salto, según OVV, puede deberse a que los ladrones apuntan a personas y tiendas que llevan dólares estadounidenses.
Caracas siguió siendo el epicentro de la violencia en el país. El Distrito Capital registró una tasa de homicidios de 80 por cada 100.000 habitantes, según el OVV. La violencia en la ciudad se avivó cuando las autoridades enfrentaron a la pandilla El Koki, primero en el barrio de La Vega y luego en el bastión de la pandilla en Cota 905 . El allanamiento de La Vega dejó cerca de dos decenas de muertos . Seis meses después, casi 30 personas murieron cuando unos 800 soldados sitiaron la Cota 905, realizando registros casa por casa en medio de tiroteos. En ambas ofensivas, las autoridades fueron acusadas de disparar indiscriminadamente a los residentes en sus esfuerzos por erradicar a la pandilla y a su líder, Carlos Luis Revete, alias “ El Koki”.
Las fuerzas de seguridad en Venezuela eran casi tan letales como los delincuentes, matando a unas seis personas por día. Según el OVV, 2.332 homicidios en Venezuela fueron catalogados como casos en los que las víctimas resistieron a las autoridades, aunque no está claro cómo se hizo esa determinación.
Los cuatro estados de Venezuela que registraron las tasas de homicidios más altas fueron Miranda, Bolívar, Delta Amacuro y Aragua. InSight Crime recientemente relató cómo los grupos guerrilleros colombianos, las bandas armadas y las fuerzas de seguridad han luchado para controlar la minería ilegal en el estado rico en oro de Bolívar.
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¿Cuándo se volvió ilegal defender los derechos humanos?
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Los gobiernos de todas las regiones del mundo están criminalizando el activismo por los derechos humanos. Lo hacen persiguiendo a los organizadores de protestas, periodistas, activistas de Internet y líderes de las organizaciones de la sociedad civil en virtud de leyes que tipifican como delito el insulto a figuras públicas, la difusión de información que perjudica el “orden público”, la “seguridad nacional” y las “fake news”.
En la región del Golfo y en los países vecinos, los gobiernos opresores han armado aún más su arsenal legal al adoptar leyes contra la ciberdelincuencia que aplican estas restricciones, excesivamente amplias y mal definidas, a las comunicaciones en línea.
En una época en la que las comunicaciones en línea son omnipresentes, y en sociedades en las que la libertad de prensa está coartada, las leyes que penalizan la promoción de los derechos humanos en las redes sociales y otras plataformas en línea socavan la capacidad de dar a conocer y debatir las violaciones de derechos humanos y amenazan los cimientos de cualquier movimiento de derechos humanos.
En mayo de 2018, por ejemplo, el gobierno saudí llevó a cabo detenciones masivas de mujeres que defendían en línea el derecho de las mujeres a conducir. Acusadas en virtud de la ley de ciberdelincuencia del país, incluido el artículo seis, que prohíbe la comunicación en línea “que atente contra el orden público, los valores religiosos, la moral pública y la privacidad”, estas activistas de derechos humanos fueron detenidas, torturadas y condenadas a varios años de prisión por el “delito” de promover los derechos de las mujeres.
No cabe duda de que es necesario abordar la prevalencia y el impacto de los ciberdelitos, pero sin criminalizar a las personas que se manifiestan a favor de los derechos humanos.
Los países europeos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han animado a los Estados a adoptar un enfoque estándar para hacer frente a los delitos cometidos con tecnologías en línea, que van desde el fraude electrónico hasta la financiación de grupos terroristas. El Consejo de Europa publicó en 2001 un convenio regional sobre ciberdelincuencia, al que puede adherirse cualquier Estado, y la ONU está promoviendo un tratado sobre ciberdelincuencia.
Las normas comunes pueden prevenir el abuso de las tecnologías en línea al permitir el intercambio de pruebas en línea y promover la rendición de cuentas, ya que las pruebas de los delitos en línea a menudo residen en servidores fuera del país donde se produjo el daño o donde residen los infractores.
El problema para los defensores de los derechos humanos en la región del Golfo y en los países vecinos es que los Estados han aprovechado la oportunidad de alinear sus leyes de ciberdelincuencia con las normas europeas para redoblar las leyes que restringen la expresión legítima en línea.
Los países europeos cuentan con una sólida supervisión de los derechos humanos por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que garantiza que las limitaciones a la libertad de expresión en línea cumplen con estrictas normas internacionales. En la región del Golfo no existe una supervisión comparable en materia de derechos humanos. Sin un control judicial internacional adecuado, los gobiernos pueden aprovechar los procesos internacionales para reforzar su capacidad de reprimir la expresión en línea.
Los expertos de la ONU revisaron la ley de los Emiratos Árabes Unidos y le dieron el visto bueno; señalaron que cumplía con la convención europea e ignoraron el hecho de que los expertos en derechos humanos de la ONU han documentado repetidamente que los gobiernos utilizan tales restricciones para reprimir la disidencia. Un estudio sobre la ciberdelincuencia mundial patrocinado por la ONU, publicado en 2013, también suavizó la amenaza de criminalizar la disidencia en línea al señalar que los gobiernos tenían margen de maniobra para proteger los valores locales. Esta protección no se extiende a la defensa de derechos universales como la igualdad y la democracia.
En realidad, el derecho universal a la libertad de expresión protege los contenidos en línea, y las limitaciones deben cumplir las normas internacionales de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.
¿Cómo podemos confiar en que la ONU salvaguarde las voces que defienden los derechos humanos y la democracia en línea en una región que los necesita de manera desesperada, si no insiste en que las salvaguardias de los derechos humanos se incluyan en las leyes regionales y nacionales sobre ciberdelincuencia que defiende?
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El poder del agronegocio en América Latina
En el año 2020, se esperaba que las fallas en el sistema agroalimentario producidos por la COVID-19 condujeran a la escasez y se pusiera en peligro la seguridad alimentaria del mundo, cosa que no sucedió, y aunque el hambre en el planeta siguió en aumento, no fue en las proporciones catastróficas pronosticadas.
En 2021, el sector agrícola volvió a desempeñarse mejor que otros sectores comerciales, esta vez, apoyado por los altos precios de los productos básicos alimentarios. No colapsó el sistema agroalimentario mundial por la amenaza que representaba la pandemia, aun con impactos negativos puntales a nivel de regiones, países, localidades o, algunos circuitos del sistema, mientras continuaron los récords históricos de producción.
Producción proveniente de un sistema agroalimentario, basado en el agronegocio, dependiente de los hidrocarburos, el cual siguió su curso sin novedad, en lo que se refiere al acaparamiento, apropiación y control de la tierra, agua y biodiversidad.
Sobre todo, en América Latina, la región en la que más productos básicos alimentarios se produce, la mayor exportadora neta de alimentos en el mundo, principalmente desde Brasil y Argentina, que ocupan el segundo y tercer lugar con mayores hectáreas de cultivos transgénicos sembrados, después de EEUU[1].
La mayor expansión de tierras cultivadas para el año 2050
Región donde se encuentra la mayor disponibilidad de agua, tierra, biodiversidad y abundantes recursos naturales energéticos para la producción de alimentos, bajo el modelo agrícola actual e imperante que, junto a África Subsahariana, es donde se siguen proyectando las mayores expansiones de tierras cultivadas, para el año 2050[2].
En medio del “agotamiento acelerado de los recursos de tierras y aguas, así como la correspondiente pérdida de biodiversidad” en el mundo, mediante factores que están ejerciendo presión sin precedentes sobre estos, y una clara competencia internacional por ellos, poniendo de relieve el uso excesivo e indebido, la degradación, la contaminación y el aumento de la escasez[3].
Escasez de tierras, según la FAO, impulsada por la degradación de los suelos, así como la falta de agua, que amenazan la productividad agrícola en el mundo y, por ende, la seguridad alimentaria en el futuro.
Y aunque, se repita que “los modelos actuales de intensificación agrícola no están resultando sostenibles”, siguen siendo las grandes empresas del agronegocio mundial las que dominan el 70 % del uso de la tierra agrícola del planeta.La Amazonía: presente y futuro de las grandes explotaciones del agronegocio.
Grandes empresas asociadas al agronegocio que controlan la producción mundial de trigo, maíz, y arroz, los cuales constituyen el 60 % de las calorías que consume la población del mundo. Mientras la soja, es la principal fuente de alimentación animal y la segunda del aceite vegetal.
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El gran acaparamiento de tierras en la Amazonía: cómo el gobierno de Brasil está convirtiendo las tierras públicas en privadas, allanando el camino para la deforestación
Imagine que varios legisladores estatales deciden que el Parque Nacional de Yellowstone es demasiado grande. Imagine también que, trabajando con políticos federales, cambian la ley para reducir el tamaño del parque en un millón de acres, que venden en una subasta privada.
¿Indignante? Si. ¿Inaudito? No. Ocurre de forma rutinaria y cada vez con mayor frecuencia en la Amazonía brasileña.
La amenaza más publicitada para la selva amazónica es la deforestación. Menos entendido es que las tierras públicas se están convirtiendo en propiedades privadas en una apropiación de tierras que hemos estado estudiando durante la última década.
Gran parte de esta tierra se despeja para ranchos ganaderos y granjas de soja, lo que amenaza la biodiversidad y el clima de la Tierra . Investigaciones anteriores han cuantificado cuántas tierras públicas se han apropiado, pero solo para un tipo de tierras públicas llamadas “ bosques públicos no designados ”.
Nuestra investigación proporciona una descripción completa de todas las clases de terrenos públicos. Analizamos la frontera de deforestación más activa de la Amazonía, el sur del estado de Amazonas, a partir de 2012, cuando las tasas de deforestación comenzaron a aumentar debido a la relajación de la supervisión regulatoria . Nuestra investigación muestra cómo el acaparamiento de tierras está relacionado con la aceleración de la deforestación encabezada por los intereses de los ricos, y cómo el Congreso Nacional de Brasil, al cambiar las leyes, está legitimando estos acaparamientos de tierras .
La apropiación moderna de tierras en Brasil comenzó en la década de 1970, cuando el gobierno militar comenzó a ofrecer tierras gratis para alentar a las industrias mineras y los agricultores a mudarse, argumentando que la seguridad nacional dependía del desarrollo de la región. Tomó tierras que habían estado bajo jurisdicciones estatales desde la época colonial y las asignó a asentamientos rurales, otorgando propiedades de 150 a 250 acres a agricultores pobres.
Los gobiernos federal y estatal finalmente designaron más del 65% de la Amazonía a varios intereses públicos, incluido el asentamiento rural. Para la biodiversidad, crearon unidades de conservación, algunas permitiendo el uso tradicional de los recursos y la agricultura de subsistencia. Las tierras gubernamentales sobrantes generalmente se conocen como “tierras públicas baldías o no designadas”.
Los estudios han estimado que para 2020, el 32 % de los “bosques públicos no designados” se han apropiado para uso privado. Pero esto es solo una parte de la historia, porque el acaparamiento de tierras ahora afecta a muchos tipos de tierras públicas.
Es importante destacar que el acaparamiento de tierras ahora afecta las áreas de conservación y los territorios indígenas, donde las propiedades privadas están prohibidas.
El acaparamiento de tierras pone en peligro la selva tropical al aumentar la deforestación . En el sur de Amazonas, nuestra investigación revela que entre 2008 y 2021 se produjo el doble de deforestación en terrenos CAR ilegales que en terrenos legales , una magnitud relativa que va en aumento.
El Congreso Nacional de Brasil ha estado facilitando la apropiación de tierras públicas.
Un cambio en la ley de 2017 amplió el tamaño permitido legalmente de las propiedades privadas en tierras públicas no designadas y en asentamientos rurales. Esto ha reclasificado más de 1,000 millas cuadradas de tierra que habían sido consideradas ilegales en 2014 como legales en el sur de Amazonas. De todos los reclamos ilegales de CAR en tierras públicas no designadas y asentamientos rurales en 2014, encontramos que el 94% se legalizó en 2017 .
El Congreso ahora está considerando dos leyes adicionales. Uno legitimaría la apropiación de tierras hasta 6180 acres, alrededor de 9,5 millas cuadradas , en todos los bosques públicos no designados, una cantidad ya permitida por ley en otros tipos de tierras públicas no designadas. El segundo legitimaría grandes propiedades en unas 80.000 millas cuadradas de tierra que antes estaban destinadas a los pobres
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Se incendia Amazonia colombiana y Duque la militariza
Uno de los fenómenos más graves en el proceso del calentamiento global y la destrucción del medio ambiente es la deforestación de extensas zonas del bosque tropical amazónico.
Es verano en la amazonia colombiana (febrero y marzo) y en este momento se registran descomunales incendios en el municipio de Calamar (Guaviare) en un área cercana a las 40 mil hectáreas de bosque.
Efectivamente desde el mes de octubre del 2021, los colonos de la región han tumbado miles de árboles que hoy arden de manera incontenible provocando, además, la presencia de extensas nubes con vientos contaminados de material particulante proveniente del Guaviare y la Orinoquia lo que ha hecho que, en Bogotá, Medellín y otras ciudades se adopten medidas especiales de protección de la población para controlar enfermedades respiratorias.
La situación ambiental es de una gravedad extrema y exige un tratamiento especial en los términos de las acciones acordadas en conferencias internacionales de ordena climático para impedir el daño fatal del clima y de los recursos naturales comunes.
Sin embargo, el gobierno de Colombia, (tan hábil en discursos edulcorados sobre el control a los daños amiéntales) ha mostrado su cobre belicista con la acción de una Brigada militar de supuesta protección ambiental con un Plan denominado Artemisa que en realidad es un componente de su estrategia contrainsurgente y anti campesina para favorecer las empresas petroleras, minero energéticas y agro industriales enfocadas en la apropiación de extensos baldíos y en la explotación de los yacimientos de hidrocarburos y de minerales estratégicos como el Coltan.
El Plan Artemisa es un diseño de guerra que ataca y judicializa a miles de colonos que, ante la ausencia de una reforma agraria democrática que les dote de tierras y recursos, se ven obligados a desplazarse hacia nuevos territoritos en los que puedan organizar sus actividades agrarias y de supervivencia.
Artemisa es parte un gigantesco plan del Comando sur de los Estados Unidos para garantizar el control imperialista de la amazonia y sus recursos naturales y ambientales.
El cuidado y la protección de la Amazonia colombiana debe hacerse con la intervención de las comunidades indígenas y de colonos. Durante más de 20 mil años los Nukak-Maku y otras etnias han construido la Amazonia como un “jardín planetario” garantizando su protección y cuidado, que es lo que el gobierno fascista de Ivan Duque desconoce y atropella con su militarismo contra ambiental.Es que Duque es de la misma concepción racista y anti indígena de Bolsonaro, el Presidente del Brasil, también responsable de la destrucción de bosques, ríos, humedales y comunidades indígenas brasileras.
Parar la deforestación del Meta, Guaviare y la Orinoquia en Colombia implica adoptar un enfoque humano y empático con la naturaleza. Que es lo que no tiene el gobierno de Duque y menos el gobierno del departamento del Meta, en manos de un caporal de las mafias llaneras con ínfulas de nuevo rico, pues Zuluaga, el jefe seccional del gobierno es la expresión de un neo paramilitarismo recalcitrante empeñado en la criminalización y encarcelamiento de los colonos del Guaviare y el Vichada.
El incendio que consume la amazonia colombiana es otro capítulo más de la guerra estatal en los territorios, en este caso contra la Neoinsurgencia de las FarcEP que avanza en un proceso de recomposición de la resistencia agraria y de los colonos frente a la guerra de la elite latifundista y terrateniente que despoja los baldíos nacionales y las tierras organizadas por miles de colonos originarios de diversos lugares del país.
Lo cierto es que tanto Artemisa, como Omega y la Fudra son dispositivos militares organizados como un supra Estado autoritario y violento que somete con sangre y asesinatos a las humildes comunidades campesinas de los Llanos orientales.
Allí hay violación sistemática de los derechos humanos y destrucción de la madre tierra.
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Dick Richard Sellán Bajaña @sociolaboral
Periodismo Colaborativo y Crítico de Fuentes Alternativas a la Desinformación Mediática
Guayaquil - Ecuador - América del Sur
2022
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