El día de hoy, lunes 24 de julio de 2023, la violencia provocada por el Decreto 754 que hemos venido denunciado,
ha escalado de forma crítica. Hoy la Policía Nacional del Ecuador y el Ejército Ecuatoriano han atacado a su
propio pueblo, obedeciendo las órdenes de las empresas mineras y de un Gobierno neoliberal, dejando hasta
el momento un saldo de cinco campesinos heridos en la parroquia Palo Quemado del cantón Sigchos
(Cotopaxi), por disparos de bombas lacrimógenas, perdigones y balas de goma.
Han pasado casi dos meses desde la emisión del Decreto Ejecutivo 754, con el cual el Gobierno de Guillemo Lasso
pretende imponer a la fuerza un proceso inconstitucional de consulta ambiental en diferentes pueblos del
Ecuador.
El primer intento de consulta dejó como resultado: trece heridos y dos detenidos en el cantón Las Naves
(provincia de Bolívar). Apenas una semana después, la historia se repite en la provincia de Cotopaxi y existe grave
riesgo de violencia en Napo, Morona Santiago y Azuay, donde también han anunciado procesos de consulta.
La militarización de los territorios comunitarios ha provocado múltiples vulneraciones de derechos como el uso
excesivo de la fuerza por parte de la Policía y el Ejército en contra de campesinos y campesinas defensoras de sus
territorios, heridos de gravedad, uso de armas letales que han obligado al Ministerio de Salud activar el Código
Gris, requisas a niñas y niños que vuelven de sus escuelas, temor generalizado en la población y detenciones
arbitrarias. Todo por ejecutar el Decreto 754 que beneficia a las transnacionales mineras.
La consulta ambiental regida por el Decreto 754 se realiza con la custodia de militares y policías fuertemente
armados, en comunidades identificadas con anterioridad y con el acompañamiento de operadores de las mismas
empresas mineras. Este procedimiento impulsado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica
viola cada uno de los estándares establecidos por la Corte Constitucional del Ecuador en 2021, a través de la
sentencia del caso del Bosque Protector Los Cedros, donde se establece que la consulta ambiental debe ser
previa, libre e informada; debe realizarse de la forma más amplia y democrática; su aplicación es una obligación
indelegable del Estado Ecuatoriano y debe realizarse con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y los
gobiernos autónomos locales; se debe realizar antes del otorgamiento del permiso ambiental y antes de la
emisión de la licencia para cada fase minera.
Además, el Gobierno vulnera nuestro derecho a decidir, pues según
el Art. 2 del Decreto 754, a pesar de que la población se oponga mayoritariamente al proyecto minero, el
Gobierno se reserva el derecho a tomar la decisión final. Cabe recalcar que la misma Corte Constitucional en 2019
estableció que en Ecuador, la única norma para regular derechos es una Ley Orgánica, no mediante decretos.
Por todas estas vulneraciones e irregularidades, la CONAIE presentó el 13 de junio de 2023, una demanda de
inconstitucionalidad contra el Decreto 754, sin embargo, ha pasado más de un mes y los jueces han decidido
ignorar la causa, a pesar de la emergencia que atraviesan las comunidades con la militarización de sus territorios.
La gravedad de la situación nos hace pensar que dicho Decreto, escrito y presionado por las transnacionales
mineras representa una declaratoria de guerra contra los pueblos en indígenas, campesinos, montuvios que viven
de la ganadería y agricultora, por lo que hacemos un llamado a organizaciones de derechos humanos y de la
sociedad civil a nivel nacional e internacional a exhortar a la Corte Constitucional del Ecuador que suspenda de
manera urgente el Decreto 754, para frenar la violencia en nuestros territorios.
