¡Hola!

Volvimos y esta es una edición especial. El verano pasó, y con él, una de las discusiones más importantes de los últimos años para el futuro del agua en Argentina llegó a su momento más crítico.

Más de 100.000 personas se inscribieron para participar en una audiencia pública en el Congreso . Es un número que no tiene precedentes en la historia parlamentaria argentina para este tipo de instancia. Y eso, en sí mismo, dice algo muy profundo sobre el estado de alerta colectivo.

El tema es la reforma de la Ley de Glaciares, y en esta edición te cuento lo que está pasando.

En este momento se está realizando la segunda jornada de audiencia, y lo que pasó ayer en la primera resume bien el estado de la cuestión: de las 100.000 personas inscriptas, solo unas 360 tienen la posibilidad de exponer en vivo, menos del 0,4% , seleccionadas con criterios opacos y sin explicación pública. Al resto se le ofreció una única alternativa: subir un video a YouTube.

— Foto de Bren Pintelos de Pexels —

La Ley 26.639 fue sancionada en 2010 y fue, en su momento, una norma de vanguardia a nivel global. Establece que los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe en esas zonas actividades como la minería y la explotación de hidrocarburos.

El registro de inscriptos a las audiencias cerró con 102.116 personas , una cifra inédita para una audiencia pública en el Congreso. Argentina tiene 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie equivale a unas 41 veces la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría se concentra en la cordillera de los Andes y, aunque cubren menos del 0,25% del territorio continental argentino, el agua que proveen alimenta ecosistemas y comunidades a cientos de kilómetros de distancia.

En un contexto de crisis climática, esa función se vuelve cada vez más crítica.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de modificación (expediente 0072-S-2025 ) que ya obtuvo media sanción en el Senado el 27 de febrero de 2026, con 40 votos a favor y 31 en contra. Ahora está en manos de Diputados.

Estos son los cambios principales:

1. Nueva definición de qué se protege. El proyecto acota la tutela a los glaciares que cumplan una "función hídrica efectiva" y relevante para la recarga de cuencas hidrográficas. Traducido: no todos los glaciares quedarían protegidos, solo los que se "demuestre" que aportan agua.
2. Las provincias deciden. El proyecto propone que cada provincia determine qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería. Hoy, la protección es nacional y uniforme. Mañana, podría depender de cada gobernador.
3. Las prohibiciones se reducen. El proyecto modifica la prohibición absoluta de actividades que puedan alterar los glaciares y propone que esas restricciones solo se apliquen sobre los cuerpos de hielo identificados por la autoridad provincial. Menos protección por definición.
4. Las provincias podrían sacar glaciares del inventario. Cuando una provincia "constate" (con sus propios estudios técnicos) que un glaciar no cumple las funciones requeridas, el IANIGLA, el organismo del CONICET a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, deberá eliminarlo del inventario. La ciencia, subordinada a la política.

5. Se debilita la Evaluación Ambiental Estratégica. Hoy, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que analiza impactos de largo plazo y mayor escala, tiene el mismo peso que la evaluación de impacto ambiental. Con la reforma, la EAE solo se realizaría si la provincia considera que la escala de la intervención lo justifica. Un instrumento clave de prevención queda a discreción provincial.

Foto: Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina

¿Por qué ahora?

• La adecuación busca destrabar proyectos cupríferos de gran escala que se encuentran condicionados por la incertidumbre regulatoria.
• El Gobierno y los gobernadores de provincias mineras (San Juan, Catamarca, Jujuy, La Rioja, entre otras) argumentan que la norma vigente genera "zonas grises" que frenan inversiones.
• Y hay un contexto global que empuja en la misma dirección: la demanda de minerales críticos como el litio y el cobre, esenciales para la transición energética, posiciona a Argentina como uno de los actores centrales del mercado.

El problema es que esa transición, si afecta glaciares para financiarse, no es sostenible.

Foto: Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina

La oposición es amplia y técnica. Más de 85 constitucionalistas y académicos advirtieron que el proyecto es inconstitucional : el artículo 41 de la Constitución le encomienda al Congreso fijar presupuestos mínimos de protección ambiental que las provincias no pueden reducir. Este proyecto haría exactamente lo contrario.

Desde la FARN, junto a más de 30 organizaciones, alertaron que la reforma constituye una fuerte presunción de regresión ambiental y que cualquier propuesta de modificación debe venir acompañada de debate técnico y científico profundo.

Andrés Napoli, director de la FARN y uno de los negociadores del Acuerdo de Escazú, fue contundente en la audiencia: "La Ley de Glaciares no necesita ni modificarse, ni interpretarse, necesita ser cumplida."

Detrás de esa postura hay dos principios del derecho ambiental que la reforma vulneraría: el de no regresión, que impide retroceder en los niveles de protección ya alcanzados, y el de progresividad, que exige que la legislación ambiental avance, no retroceda. Ambos están consagrados en el Acuerdo de Escazú, que Argentina ratificó en 2020.

Y hay un dato que no puede ignorarse: en la última década, la superficie de los glaciares argentinos se redujo aproximadamente un 17%. Se está debatiendo cómo proteger algo que ya está retrocediendo.

Ayer el Congreso amaneció vallado, con fuerzas federales apostadas en los accesos y cortes de tránsito en toda la zona. De los más de 102.000 inscriptos, el gobierno eligió, sin transparentar criterios, a solo 196 personas para la jornada presencial. Menos del 0,2% de quienes quisieron hacer oír su voz.

Desde el inicio hubo impugnaciones formales: un grupo de diputados sostuvo que el esquema adoptado restringe la participación ciudadana y vulnera la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

La periodista climática Tais Gadea Lara (@taisgadealara ), que cubrió la jornada desde adentro, documentó el clima: reducción del tiempo de exposición de 5 a 4 minutos sin aviso, expositores seleccionados a los que no se les permitió ingresar al edificio, y cambio de reglas en el momento. Afuera, organizaciones socioambientales, comunidades de pueblos originarios y ciudadanía se movilizaron frente a los vallados.

El resultado fue contundente: la primera jornada rechazó la reforma por amplia mayoría. El apoyo más explícito vino del ministro de Producción de San Juan, que fue abucheado durante su exposición.

Entre las voces más potentes, la de Marta Maffei , coautora de la ley vigente: la reforma "tiene una fachada de federalismo, pero lo que logra es discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua y glaciares con el pretexto de la producción." Y la del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel , quien remarcó que "el agua no es una mercancía, es un derecho humano."

Podés ver las exposiciones en el canal oficial de YouTube de Diputados.

Foto: Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina

El cronograma del oficialismo contempla firmar el dictamen en la primera semana hábil de abril, tras los feriados del 2 y 3, y llevar el proyecto al recinto ese mismo mes. Si Diputados lo aprueba sin cambios, se convierte en ley directamente, ya que cuenta con la media sanción del Senado.

La oposición anunció que buscará judicializar la norma si se aprueba. También se presentó un proyecto para llamar a una consulta popular vinculante, con la pregunta: "¿Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares?". Su futuro es incierto, pero su existencia dice algo sobre el estado del debate.

Mientras tanto, las organizaciones dicen que la participación ciudadana no terminó con la audiencia. Desde FARN y Greenpeace señalan que la historia ambiental argentina demuestra que los grandes logros se consiguieron gracias a la movilización social, y que lo que viene es igual de importante que lo que ya pasó. Algunas formas concretas de sumarse:

• 📌 Escribile a tu diputado/a. El dictamen y la sesión son el próximo paso. Que sepan que sus votantes están atentos. Podés encontrar los contactos en hcdn.gob.ar.
• 📌 Difundí información verificada. Compartir contenido riguroso en redes importa.
• 📌Seguí la cobertura de periodistas como Tais Gadea Lara y de activistas como Natalia Mazzei.
• 📌 Seguí el debate. La semana del 6 de abril es clave.

La Ley de Glaciares fue una conquista que hoy está en juego.

Lo que hace especial este momento no es solo la magnitud de la amenaza ambiental sino que más de 100.000 personas ejercieron su derecho a participar en una decisión que las afecta directamente, y el sistema les cerró la puerta: con vallados, con selecciones arbitrarias y sin transparencia. Eso dice algo sobre el estado de la democracia ambiental en Argentina, y sobre lo que nos queda por construir.

El debate no terminó ayer. Empieza ahora.

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Hasta la próxima,
El equipo de Minúscula

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